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Catamarca exigirá tres años de residencia a los docentes y dejará de aceptar títulos supletorios

Una resolución ministerial modifica las condiciones de inscripción en las juntas de clasificación y limita el reconocimiento de títulos para ejercer en las escuelas.

La medida busca priorizar a los residentes de la provincia y fortalecer la formación docente, mientras siguen pendientes titularizaciones, cobertura de cargos y la actualización de los puntajes.

Catamarca elevará de uno a tres años el requisito de residencia provincial para la inscripción docente en las juntas de clasificación y dejará de admitir títulos supletorios para el ejercicio en la educación formal, con excepciones para determinadas especialidades técnicas. Los cambios fueron establecidos mediante una resolución ministerial que busca equiparar las condiciones con las de otras provincias del Noroeste y ordenar el acceso a los cargos educativos.

El secretario general de Sidca, Sergio Guillamondegui, explicó en Mensajes en la Radio, por Radio El Esquiú 95.3, que la modificación apunta a reconocer a quienes estudiaron y residen en Catamarca. "Esto es un poco resguardar la mano de obra que tiene la provincia", sostuvo, en referencia a los egresados de los institutos de formación docente que todavía no consiguen empleo.

Hasta ahora, según detalló, se exigía un año de residencia y, en el caso de las personas casadas, seis meses. La nueva condición busca compatibilizar las reglas con las de jurisdicciones vecinas, como Santiago del Estero y Tucumán.

Qué títulos se admitirán

La resolución también establece que las juntas de clasificación dejarán de inscribir títulos supletorios, utilizados hasta ahora en casos de personas que acreditaban formación en academias o instituciones sin reconocimiento oficial como profesorado. "Solamente va a haber una excepción para el caso de las escuelas técnicas, agrotécnicas", precisó Guillamondegui.

En esos ámbitos podrán continuar contemplándose perfiles específicos, como agrimensores, técnicos agropecuarios y mecánicos con conocimientos requeridos para determinadas actividades de formación profesional. El dirigente diferenció esas situaciones de la educación formal, donde se priorizarán los títulos docentes y habilitantes reconocidos.

Como ejemplo, explicó que realizar un curso de danza en una academia no equivale a completar un profesorado oficial. "Hay un profesorado de danza de cuatro años", señaló al referirse a la formación pedagógica necesaria para enseñar.

Cargos pendientes y nuevas reglas para las vacantes

Otro de los puntos que continúan en discusión es la cobertura de cargos directivos y suplencias. Guillamondegui indicó que esperan nuevas resoluciones y avances en los listados de titularización. También mencionó el relevamiento de vacantes y la necesidad de actualizar la grilla de clasificación para que diplomaturas y cursos tengan un puntaje acorde con su formación.

Cuando un cargo no logra cubrirse mediante las inscripciones habituales, puede pasar a la denominada "cabecera cero", instancia en la que compiten postulantes de distintos departamentos. En esos casos, explicó, se prioriza a quienes tienen título y analítico; si no hay candidatos disponibles, pueden considerarse estudiantes avanzados a los que les falten hasta cuatro materias. Para graduados recientes que no se inscribieron en la junta, el promedio académico puede definir el orden de prioridad.

"Quedan pendientes titularizaciones", resumió el dirigente, quien también reclamó reuniones más periódicas con el Ministerio de Educación para resolver los asuntos que siguen abiertos.

Violencia escolar: reclaman equipos interdisciplinarios

Durante la entrevista, Guillamondegui también se refirió a las iniciativas legislativas vinculadas con la violencia digital en ámbitos escolares. Consideró que la respuesta no debe limitarse a los docentes y reclamó recuperar los gabinetes provinciales con psicólogos, asistentes sociales y otros profesionales.

"El Estado tiene que tener gabinetes psicotécnicos", afirmó. Según planteó, esos equipos permitirían abordar situaciones de violencia, problemas psicológicos y vulnerabilidad social, además de acompañar a las escuelas y sus comunidades.

"La violencia digital es solamente un eslabón", advirtió, al señalar que también existen conflictos entre docentes, familias y directivos. Para el dirigente, fortalecer los equipos interdisciplinarios es parte de las medidas necesarias para mejorar la calidad educativa y dar respuestas a problemáticas que exceden el aula.