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La Iglesia le pidió al Gobierno que prorrogue la emergencia en discapacidad y que revise los recortes del Presupuesto 2027

Fue durante la reunión que mantuvieron esta mañana funcionarios y autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina en el Ministerio de Salud. Allí los eclesiásticos entregaron un documento con sus principales “inquietudes y propuestas”.

En un contexto que definieron como “particularmente difícil” para el sector de Discapacidad, representantes de la Conferencia Episcopal Argentina le pidieron este lunes al Gobierno prorrogar la emergencia en el sector hasta la sanción y reglamentación de una nueva ley, además de revisar los recortes incluidos en el Presupuesto 2027.

El planteo fue presentado a través de un documento entregado por los integrantes del Área de Discapacidad de la Comisión Episcopal de Pastoral Social a funcionarios del Ministerio de Salud durante el encuentro que se celebró esta mañana en la cartera.

Allí, la Iglesia advirtió el próximo vencimiento de la emergencia en discapacidad a fin de año. En ese escenario, el oficialismo consiguió en Diputados un dictamen de mayoría, con 42 firmas, para reemplazarla por un esquema permanente, mientras que la oposición reunió 36 firmas para prorrogarla. Sin embargo, para las autoridades religiosas existe “un serio riesgo” de que el proceso legislativo no termine antes del 31 de diciembre y el sistema quede sin marco legal, con la planificación de las prestaciones de 2027 ya en marcha.

En ese sentido, el documento reconoce que el proyecto oficial tiene aspectos que pueden valorarse como mejoras, pero cuestiona que una ley permanente “se apruebe a costa de cerrar anticipadamente la emergencia o de reducir derechos adquiridos”. También pidió que se consulte a las personas con discapacidad, sus familias, las organizaciones y los profesionales, según lo que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y reclamó que cualquier transición respete el principio de no regresividad.

En paralelo, el documento apunta a las obligaciones pendientes de la ley vigente. La Iglesia reclamó que se concrete la compensación por el período de diciembre de 2023 a diciembre de 2024, que representa una actualización del 30,67% y que debía convertirse en la base arancelaria desde el 1° de enero de 2025. Según el texto, ese ajuste no se trasladó al sistema, por lo que las prestaciones siguen atrasadas frente a los costos reales.

A eso sumó otros incumplimientos: el estudio de costos previsto por la norma y las medidas para que ARCA condone intereses y multas a los prestadores. Además cuestionó una resolución que dejó fuera de la compensación a ciertas obras sociales sindicales, prepagas y obras sociales no sindicales.

En materia de pensiones, la Iglesia subrayó que hay más de 200.000 trámites pendientes, frente a menos de 10.000 pensiones otorgadas en los últimos tres años. “Los tiempos administrativos no son neutros”, sostuvieron desde la Iglesia, que remarcó el impacto de las demoras en la autonomía y el acceso a otros derechos.

A su vez, la CEA pidió revisar los artículos 36 a 41 del Presupuesto 2027, que “podrían afectar de manera sustancial el sistema de derechos” de las personas con discapacidad y contradicen tanto la ley vigente como el proyecto en debate.

El documento cierra con una referencia al papa León XIV y a su encíclica Magnifica Humanitas. Para la Pastoral Social, el acceso a la salud y a los apoyos necesarios para una vida digna no puede quedar supeditado a “variables de ajuste económico”. El mensaje llega a poco más de un mes de la visita del sumo pontífice, que entre otras paradas tiene previsto visitar el Cottolengo Don Orione.

Luego del encuentro en Salud, los referentes de la Iglesia destacaron el clima “respetuoso y constructivo” de la reunión y comunicaron la creación de una mesa de diálogo para avanzar con las distintas problemáticas que atraviesa el sector.

Participaron de la reunión por la Conferencia Episcopal Argentina el secretario general, monseñor Raúl Pizarro; el secretario ejecutivo de Pastoral Social, Fernando Barilatti; el padre Aníbal Quevedo, consejero de la Obra Don Orione, y María Bayá Casal, coordinadora del Área de Discapacidad. Por parte del Gobierno, estuvieron Roberto Olivieri, titular de la Unidad Gabinete de Asesores; Rodrigo Sbarra, secretario de Gestión Administrativa, y Roberto Moro, secretario de la SEDRONAR.

 

Fuente: TN