Morabito, sobre la ley penal juvenil: "Es más gravosa y no es retroactiva"

El juez a cargo de la Cámara de Responsabilidad Juvenil, Rodrigo Morabito, afirmó que la pena máxima de privación de libertad prevista por el nuevo régimen penal juvenil es de 15 años, un tope que consideró "demasiado alto" en comparación con otros países de la región.

Además, aclaró que la Ley 27.801 no se aplica de manera retroactiva a hechos anteriores a su vigencia.

Lo dijo en una entrevista exclusiva con el programa radial CON ADN PROPIO, conducido por la licenciada Viviana Cortéz y emitido por Radio FM Alfa Tinogasta 97.5 MHz, en la que el magistrado anticipó los temas de la jornada "Desafíos y herramientas para la implementación del nuevo régimen penal juvenil". La actividad se realizará el lunes 5 de octubre en el departamento Tinogasta, cuando se cumple un mes de la ley.

Un régimen de tres etapas

Morabito explicó que la ley establece tres escalones según la gravedad de la pena:

• Hasta 3 años: no hay privación de libertad.
• Entre 3 y 10 años: la privación de libertad es la regla general, aunque excepcionalmente puede reemplazarse. Para eso deben darse varias condiciones: que no haya habido muerte de la víctima ni lesiones físicas o psíquicas graves, que el joven no tenga antecedentes, que exista una pericia del equipo interdisciplinario y que haya conformidad fiscal.
• Más de 10 años: la pena es siempre privativa de la libertad.

Como referencia comparativa, el juez contó que acaba de regresar de México, donde dictó una conferencia, y que allí la pena máxima para adolescentes es de 5 años, pese a la conflictividad de la Ciudad de México y a la captación de menores por el narcotráfico.

"No es una ley retroactiva"

Consultado por la aplicación temporal de la norma, fue categórico: no rige para hechos anteriores. Explicó que, al tratarse de una ley "más gravosa" y "más regresiva", rige la prohibición de retroactividad penal, que solo admite excepciones para leyes más benignas.

Garantías y tensión con la Constitución

El magistrado señaló que el artículo 5° de la ley reconoce 14 principios, derechos y garantías, entre ellos el de legalidad, el derecho de defensa en juicio y el derecho a un plazo razonable de duración del proceso.

Sin embargo, evitó afirmar que la norma no se contraponga con la Constitución Nacional: "No me animaría a decir que no", sostuvo, al indicar que algunos aspectos pueden entrar en tensión con la Carta Magna y con las convenciones internacionales. Adelantó que abordará ese tema, bajo el concepto de "sanciones convencionales", en un congreso nacional de penal juvenil en Salta.

Delito adolescente: "una tasa muy baja"

Morabito relativizó la idea de que los adolescentes ingresen cada vez más temprano al delito. Según indicó, el delito adolescente representa entre el 3 y el 4% del total en el país. Consideró que el Estado debe estar preparado para una "intervención temprana" ante las primeras transgresiones.

Responsabilidad de padres o tutores

En cuanto a la responsabilidad civil, recordó que el artículo 7° de la ley prevé que madres, padres o tutores pueden responder por los daños causados por sus hijos con el delito. Esa responsabilidad se hará efectiva en el fuero civil, donde además rigen las normas generales sobre responsabilidad parental.

Medidas socioeducativas

El juez definió las medidas socioeducativas, denominadas "alternativas" en la nueva ley, como herramientas que se adoptan durante el proceso, con o sin privación de libertad, para evaluar al adolescente. Incluyen intervenciones psicológicas, de trabajo social, educativas y psicopedagógicas, y la participación en programas específicos, por lo que municipios y sistemas de protección deben contar con dispositivos.

Con base en los informes interdisciplinarios, se determina luego si corresponde una sanción, una medida alternativa o ninguna sanción. Morabito subrayó que se trata de "un sujeto en desarrollo" y recordó que, según la neurociencia, el cerebro humano madura hasta los 25 años.

Un desafío para todos los operadores

El magistrado sostuvo que la implementación de la ley, a menos de un mes de su vigencia, ya muestra dificultades, en especial en la provincia de Buenos Aires. Remarcó que el desafío alcanza no solo al Poder Judicial, sino también a los sistemas de protección, municipios, escuelas y fuerzas policiales, que ahora deberán intervenir con franjas etarias menores, desde los 14 años.

"No es la misma la realidad de Buenos Aires que la de Catamarca, y no es la misma la de Tinogasta que la de la ciudad capital", señaló.

Un regreso con cariño especial

Morabito confirmó que estará el lunes 5 de octubre en Tinogasta, cerca de Fiambalá, donde terminó el secundario, lo que le genera "un cariño especial" por el departamento. La jornada combinará una exposición inicial, de unos 45 minutos a una hora, con un conversatorio para intercambiar experiencias y herramientas, y podría extenderse hasta el mediodía, según el interés del público.

 

Redacción realizada (RGB) para el Diario Wella Digital

 

 

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