Tinogasta: entre las cuentas ordenadas y los reclamos que no bajan, así transita Andrada su tercer año de gestión

Análisis: el intendente sostiene el discurso de una administración responsable, pero enfrenta reclamos por las demoras en las obras de pavimentación, la controvertida tasa a los camiones de carga pesada y demandas vinculadas al empleo y la contratación de proveedores locales.

El intendente de Tinogasta, Ernesto Andrada (Unión por la Patria), transita su tercer año de gestión al frente del Municipio. Asumió el 5 de diciembre de 2023, en reemplazo de Sebastián Nóblega actual diputado nacional, de quien había sido secretario de Obras Públicas.

A poco más de dos años y medio de haber asumido, la gestión de Andrada se mueve entre dos realidades que conviven y, en algunos casos, entran en tensión: por un lado, la administración reivindica el orden de las cuentas municipales, el sostenimiento de los servicios básicos y la continuidad de programas sociales; por otro, persisten reclamos vinculados con obras demoradas, conflictos con sectores económicos y demandas de mayor participación local en la actividad minera.

Una intendencia con sello propio

Tinogasta cuenta con Carta Orgánica Municipal desde 2005, una herramienta que le otorga un importante grado de autonomía institucional dentro del esquema municipal tinogasteño.

Desde el retorno de la democracia, la intendencia fue ocupada por dirigentes de distintos espacios políticos, entre ellos Yamil Fadel, Héctor Rodríguez, Pedro "Chacho" Cerezo, Simón Quintar y Hugo "Grillo" Ávila, hasta llegar a Sebastián Nóblega y, posteriormente, a Andrada.

El actual intendente representa la continuidad del espacio político que gobierna el municipio desde 2015, aunque con un estilo de gestión propio y una agenda atravesada por las nuevas demandas que plantea la actividad minera y el crecimiento de la infraestructura local.

El discurso oficial: "gestión modesta pero sostenida"

Uno de los principales argumentos de Andrada es la administración responsable de los recursos municipales.

En marzo de 2026, el intendente destacó que, en un contexto de dificultades financieras para los municipios de todo el país, Tinogasta había logrado sostener el pago de salarios sin recurrir a asistencia financiera extraordinaria.

La gestión plantea como prioridad el mantenimiento de los servicios esenciales alumbrado, limpieza y servicios urbanos, antes que la ejecución de grandes proyectos de infraestructura.

En paralelo, mantiene programas y herramientas desarrollados durante administraciones anteriores, como el Polo Educativo Universitario, el Instituto Municipal de Crédito Popular y Cosechando lo Nuestro, orientado al acompañamiento de productores locales.

A este esquema se suma una relación política fluida con el Gobierno provincial, que permitió avanzar en distintos convenios para obras de infraestructura, entre ellas pavimentación y cloacas.

Obras en marcha y obras demoradas

Entre los principales proyectos aparece el plan de pavimentación urbana anunciado en febrero de 2025, que contempló inicialmente unas 70 cuadras y una inversión municipal de $200 millones para su primera etapa.

También se encuentra el compromiso provincial para completar el tramo pendiente de la obra de cloacas, además de distintas intervenciones destinadas a recuperar espacios públicos, como el Parque Autóctono "Aldacira" y el Paseo "San Juan Bautista".

Otro de los proyectos vinculados a la gestión municipal es la semaforización de la avenida San Martín, financiada con recursos provenientes de la tasa aplicada a los camiones de carga pesada.

Sin embargo, el ritmo de ejecución de las obras de pavimentación se convirtió en uno de los principales puntos de tensión política.

El reclamo llegó desde el propio oficialismo

En julio de 2026, el Concejo Deliberante de Tinogasta, integrado mayoritariamente por representantes del oficialismo, reclamó respuestas al Gobierno provincial por las demoras en los convenios de pavimentación.

Según lo planteado desde el cuerpo legislativo, de las 78 cuadras contempladas en convenios suscriptos, unas 40 habían sido ejecutadas, mientras que otro acuerdo por 38 cuadras adicionales todavía no se había traducido en obras concretas.

El planteo tiene una particularidad política: el reclamo no provino exclusivamente de la oposición, sino también de un sector institucionalmente alineado con el oficialismo municipal.

La situación expone una de las dificultades centrales de la gestión de Andrada; buena parte de la agenda de infraestructura depende de la articulación con la Provincia, por lo que los retrasos terminan impactando políticamente sobre el Municipio.

La tasa a los camiones que abrió otro frente de conflicto

Otro de los conflictos que atraviesa la administración municipal está relacionado con la aplicación de una tasa de $25.000 a los camiones de carga pesada que circulan por la avenida San Martín.

Desde el municipio se sostuvo que la medida respondió a reclamos de vecinos y que los recursos obtenidos serían destinados a obras y mejoras de infraestructura.

La Cámara de Transporte de Catamarca, en cambio, cuestionó la medida y planteó reparos respecto de su encuadre jurídico y su compatibilidad con normas de alcance nacional.

El conflicto se produjo, además, en un contexto de fuerte presión sobre los costos del transporte, lo que elevó la tensión entre el municipio y el sector.

La discusión excede el monto de la tasa: pone sobre la mesa hasta dónde llega la potestad tributaria municipal cuando una medida afecta directamente a una actividad vinculada con el transporte interjurisdiccional.

Minería: el reclamo por mayor participación local

A estos conflictos se suma una demanda que adquiere cada vez mayor peso en la agenda económica de Tinogasta y Fiambalá: la participación de empresas y trabajadores locales en los proyectos mineros de la región.

Proveedores y transportistas nucleados en CAPROMITI cuestionaron que empresas provenientes de otras provincias, entre ellas Córdoba, estén accediendo a contratos vinculados con proyectos como Tres Quebradas.

El reclamo plantea una discusión de fondo: cómo lograr que el crecimiento de la actividad minera genere un mayor derrame económico sobre las localidades donde se desarrollan los proyectos.

La cuestión será todavía más relevante si se consolida la expansión de nuevos proyectos mineros y se reactiva la discusión sobre emprendimientos como Agua Rica y Bajo la Alumbrera.

Becados municipales: otro expediente pendiente

Entre los reclamos que permanecen abiertos también aparece el de los becados municipales, una situación que arrastra planteos desde octubre de 2025.

Aunque se trata de una problemática diferente a la de las obras públicas o la minería, vuelve a colocar en el centro de la discusión la capacidad financiera del municipio y la necesidad de establecer prioridades en materia de gasto.

La otra cara del dato: Catamarca crece, pero los municipios siguen bajo presión

El escenario financiero provincial agrega una dimensión más compleja al análisis.

Según un informe de la Fundación Encuentro, elaborado a partir de datos del Ministerio de Economía de la Nación, Catamarca registró durante los primeros ocho meses de 2026 una variación real interanual positiva del 0,3% en los fondos de Coparticipación Federal de Impuestos, mientras que el resto de las jurisdicciones registró variaciones negativas.

El informe atribuyó el comportamiento de Catamarca, entre otros factores, al impacto de la Compensación del Consenso Fiscal, mecanismo que debe diferenciarse del comportamiento de la coparticipación tradicional.

Pero el dato provincial no implica, por sí mismo, que todos los municipios hayan dejado atrás sus dificultades financieras.

Tinogasta ofrece un ejemplo de esa diferencia.

En abril de 2024, en un contexto de fuerte caída de los fondos automáticos, Andrada había reconocido una merma aproximada de $60 millones mensuales, situación que complicaba el funcionamiento financiero del municipio y el cumplimiento de sus obligaciones.

Durante 2025, además, Tinogasta recibió dos asistencias financieras extraordinarias reintegrables de la Provincia: $50 millones en mayo y $265,5 millones en julio, por un total superior a los $315 millones.

Esos fondos fueron destinados a atender desequilibrios de caja y compromisos vinculados con el pago del aguinaldo, con devolución mediante descuentos sobre futuras coparticipaciones.

El dato no invalida necesariamente el discurso oficial de orden administrativo, pero sí introduce un elemento que no puede ser omitido del análisis: la autonomía financiera municipal continúa siendo relativa y la asistencia provincial funciona como una herramienta relevante para atravesar determinados períodos de tensión de caja.

La mirada de la oposición

Desde la oposición, se plantea una interpretación diferente sobre las dificultades financieras que atraviesan los municipios catamarqueños.

Según su lectura, los problemas no pueden explicarse únicamente por la disminución de los fondos provenientes de la Nación, sino que también deben analizarse las estructuras de personal, las designaciones y los mecanismos de gasto acumulados durante distintos períodos de gobierno.

Es, en definitiva, una discusión sobre el modelo de administración municipal: cuánto corresponde atribuir al contexto macroeconómico y cuánto a las decisiones tomadas por los propios gobiernos locales.

Lo que queda pendiente

A medida que Andrada avanza hacia la segunda mitad de su mandato, la agenda de pendientes resulta cada vez más concreta.

La finalización de las obras de pavimentación comprometidas, la definición del conflicto jurídico y político en torno a la tasa a los camiones, una respuesta para los becados municipales y una mayor participación de proveedores y trabajadores locales en los negocios vinculados con la minería aparecen entre los principales desafíos.

El municipio también deberá administrar las expectativas generadas por la expansión de la actividad minera regional y por proyectos de infraestructura que exceden sus propias capacidades presupuestarias.

El balance de la gestión, por lo tanto, difícilmente pueda reducirse a una sola variable.

Andrada puede exhibir una administración que procura sostener sus cuentas y servicios básicos, pero el verdadero test de su tercer año de gobierno estará en su capacidad para convertir esa administración prudente en resultados visibles y resolver los conflictos que todavía permanecen abiertos.

Porque en política municipal el orden de las cuentas es importante, pero no alcanza: los vecinos también evalúan cuánto de lo prometido efectivamente llega a la calle.

 

Redacción realizada por (RGB) para diario Wella Digital.